Esta ley, aprobada con un altísimo consenso, prácticamente dos tercios de las Cortes de Aragón y el apoyo de cinco de los siete grupos parlamentarios, realiza un intachable ejercicio de realidad histórica, y dota a la ciudadanía aragonesa de un texto legal con el que apoyarse ante las manipulaciones históricas de los nacionalismos que nos rodean, fundamentalmente del español y catalán, y blinda legalmente derechos sociales y civiles para toda la ciudadanía aragonesa. Ni más, ni menos.