Esta ley, aprobada con un altísimo consenso, prácticamente dos tercios de las Cortes de Aragón y el apoyo de cinco de los siete grupos parlamentarios, realiza un intachable ejercicio de realidad histórica, y dota a la ciudadanía aragonesa de un texto legal con el que apoyarse ante las manipulaciones históricas de los nacionalismos que nos rodean, fundamentalmente del español y catalán, y blinda legalmente derechos sociales y civiles para toda la ciudadanía aragonesa. Ni más, ni menos.

Y es que el caso de Aragón es paradigmático. Una de las naciones europeas con más peso histórico y mayor influencia en el pasado político del continente, se ve sometida a la presión de nacionalismos fuertes que la rodean por los cuatro puntos cardinales (francés, vasco, español, y catalán), lo que habitualmente implica la manipulación interesada de nuestra rica y larga historia en beneficio de alguno de estos cuatro nacionalismos. Con esta ley Aragón le explica brevemente al mundo, y así misma, cual ha sido su historia, sin fantasías ni alardes, pero parece que cuando nuestro pequeño país escribe su historia la histeria cunde entre los más fuertes.

Leyendo estos días las reacciones ante la aprobación de esta ley, por un momento, pareciera que Aragón hubiera declarado unilateralmente su independencia y volviera a ser un estado independiente. Nada de esto es cierto. Le ley tan solo realiza un recorrido histórico veraz, serio, y humilde, pero no solo, pues se articula con tres ejes básicos: contextualizar históricamente a Aragón, profundizar en la relación federal entre Aragón y el Estado español amparándose en el Estatuto aragonés y la Constitución española, y preservar -o blindar- los derechos sociales de las aragonesas y aragoneses.

A pesar de esto, el nacionalismo español está siendo el que más falsaria y rotundamente está reaccionando ante la aprobación de esta ley por las Cortes de Aragón. El españolismo ha activado al unísono sus frentes mediático y político, y amenaza con activar su frente jurídico. Por un lado nos encontramos con la histeria mediática, y cabeceras como ABC, Heraldo, o Okdiario intentan incendiar las rotativas alarmando a la ciudadanía y sembrando mensajes interesadamente confusos. Por otro lado la derecha españolista, PP y Ciudadanos, hace suyo el discurso y lo eleva al paroxismo patriotero, pues ambos partidos se hallan en una guerra sin cuartel disputándose la hegemonía del ultraespañolismo, y cualquier excusa es buena para atizar a un adversario. Ambos, PP y Ciudadanos, saben que cuentan con la complicidad de esos medios de comunicación y los usan como si fueran sus boletines internos. Y si para ello deben mentir, manipular, y sembrar discordia dónde no la hay, no reparan en gastos.

A tal punto resulta increíble la manipulación de medios y políticos españolistas que sitúan al Presidente Lambán como adalid del independentismo aragonés, ver para creer. Hasta hace dos días estos mismos, prensa y partidos políticos, conferían a Javier Lambán las capacidades de un hombre de estado -español- sensato y de orden, hoy, como digo, lo sitúan como el jefe de los indepes aragoneses. Ni San Pedro disfrutó de una conversión tan veloz. Tan veloz como falaz, pues nuestro Presidente se encarga diariamente de exaltar su españolismo en cuanto tiene ocasión, y cuando no también.

Pero vayamos al texto de la ley. En el se explica que Aragón es una “nacionalidad histórica de naturaleza foral”, algo incuestionable, y garantiza los derechos sociales con “los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los aragoneses y aragonesas”, nada que objetar democráticamente. El espíritu federal de la propuesta legal se observa con claridad en su artículo tres, dónde asegura “la garantía de una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua”, nada nuevo realmente, pues la bilateralidad ya está asumida en el Estatuto -norma básica aragonesa plenamente constitucional-, y queda clara la intención del legislativo aragonés de preservar derechos civiles cuando afirma que “el fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad, así como garantizar e impulsar los derechos sociales y culturales y el estado del bienestar”.

Esperemos pues que el frente españolista recapacite y se temple. Que no intente ganar judicialmente -vía Tribunal Constitucional- lo que no ha ganado en las urnas. Que por una vez acepte democráticamente que la diversidad política es un bien social en sí mismo. Que cumpla la ley como imperativamente reclaman al resto. Pero sobre todo deseo que dejen de sembrar odio entre la ciudadanía aragonesa, pues quien siembra odio solo puede esperar recolectar desprecio.